Lo
primero que hay que recordar es que esta huelga viene impulsándose desde
distintos movimientos sociales desde hace más de un año, mucho antes de que los
sindicatos mayoritarios abrieran la boca al respecto, porque la tenían muy cerrada debido a su
complicidad con las nefasta política neoliberal del gobierno anterior,
destinada a gestionar la crisis en modo agresivo contra la clase trabajadora,
deteriorando los derechos laborales y sociales conquistados en las últimas décadas.
La
reforma laboral del PP es continuidad de la política impulsada por
el PSOE, en la que daba prioridad a la
deuda financiera sobre la deuda social, pasando por encima de cualquier
consideración que no fuera la estricta sumisión al imperativo de los mercados
financieros. La reforma laboral del PP es contestada sólo parcialmente por CCOO
Y UGT; ha servido para que estos sindicatos, ¡por fin!, hayan convocado una
huelga general con el objetivo de negociar con el gobierno de Rajoy algunos
cambios en la ley de reforma laboral, pero evitando exigir su total derogación.
La posición de estos sindicatos es la de
conformarse con un mal menor, limitando
sus aspiraciones a defender básicamente los intereses de los trabajadores con
contrato indefinido, los que conforman la base principal de afiliados a estos sindicatos. Para
las burocracias sindicales pesa como una losa su papel institucional, financiado
por el Estado, que les paga para que hagan de intermediarios entre los
intereses del capital y el de sus bases, cada vez más reducidas.