Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga |
Dando
por sentado que nuestra estructura municipal es obsoleta, por su ineficiencia y
por su déficit democrático (tan notable como el presupuestario), estoy de
acuerdo en que hay que ir a un proceso de racionalización de nuestro sistema
municipal, pero con objetivos diferentes y mediante un proceso radicalmente distinto
al que se propone desde el gobierno del Partido Popular.
La eficiencia municipal no es un objetivo suficiente
si no va acompañado del objetivo inseparable de calidad democrática, a su vez concretado
en el nivel de autonomía municipal y, por tanto, de soberanía democrática de
las entidades locales.
Se
trata de una necesidad muy anterior a la actual crisis y, por tanto, muy anterior a la propuesta del actual
gobierno de concentrar municipios, obedeciendo el mismo impulso de recortes presupuestarios aplicados de modo selectivo y compulsivo, con los que
pretenden superar lo que ellos
consideran causa de la crisis: la deuda soberana y el
déficit presupuestario a ella asociado.
Mi desacuerdo es necesariamente radical porque
nace de una consideración ideológica totalmente opuesta
a la que tiene el gobierno acerca del contexto de fondo - la crisis capitalista- como de la cuestión de la ordenación del territorio, abordada por el gobierno desde ese mismo criterio
ideológico neoliberal.
Pendiente de una reflexión más profunda, mi visión personal se concreta en dos propuestas que considero tan fundamentales como inseparables:
1. Un proceso voluntario y constituyente.
El
proceso debe ser voluntario para respetar la autonomía de los ciudadanos que
integran los actuales municipios, por pequeños que sean. Debe ser un proceso fundamentado en dicha
asociación voluntaria y no en la integración forzada de unos municipios
pequeños en otro más grande; y debe orientarse a la constitución de nuevos
municipios, de mayor tamaño crítico y calidad democrática, preferiblemente con distinta denominación.
2. Municipios comarcales.
Los
nuevos municipios deberían integrar el máximo de recursos humanos, naturales y
productivos, que permitan el desempeño de las máximas competencias (que habrían
de ser transferidas, junto con los correspondientes presupuestos, desde las diputaciones provinciales, las comunidades autónomas y desde el propio
Estado), al objeto de alcanzar los máximos niveles de autogestión económica
y de autonomía política. En la mayoría de los territorios rurales, ese tamaño
crítico se aproxima mucho al de las comarcas, en las que el conjunto de sus
poblaciones comparten múltiples relaciones de orden geográfico, económico,
cultural, social y ecológico, lo que las constituye en verdaderas “comunidades”,
en el sentido más político del concepto.
Resumiendo: deberíamos pensar en un nuevo modelo de municipios
comarcales, fundados por asociación libre de los actuales municipios y dotados
del máximo de competencias políticas y presupuestos, que deberían ser restituidas a éstos desde
las diputaciones provinciales, desde los gobiernos autónomicos y desde el Estado,
para avanzar racional y progresivamente hacia la plena autonomía municipal.
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