LA INDUSTRIA EÓLICA Y SOLAR, SU NATURALEZA DELICTIVA

 

Los polígonos eólicos prefieren los bordes de las altas parameras y, mejor aún, los cordales de las montañas. Evitan las tierras bajas y llanas, porque en los altos de las montañas y en los bordes de las parameras el viento es más fuerte y constante, intensificado por las corrientes ascendentes que se producen en el choque de las masas de aire contra las laderas y por el gradiente de temperatura. En los bajos y llanos se concentra la propiedad privada, por ser terrenos agrícolas más productivos, mientras que en las montañas y altos páramos, agrícolamente menos productivos, se localiza lo que aún queda del antiguo comunal. A la industria solar le sirven mejor los terrenos llanos, donde los relieves no producen sombra y, por tanto, la luz solar les llega de forma plena. Las montañas son el último reducto de los bienes comunales que han logrado sobrevivir a su histórico y sistemático expolio, en nuestro caso por el Estado Español, bien directamente o bien a través de instituciones subordinadas, que en la actualidad son los gobiernos municipales y regionales, mal llamados autonómicos.

Desde las primeras desamortizaciones datadas a comienzos del siglo XIX -seguidamente a la Constitución del moderno Estado Español por las Cortes liberales celebradas en Cádiz (1)-, el Estado Español viene cometiendo un flagrante y continuado delito de usurpación y robo contra las comunidades rurales, propietarias de las ancestrales tierras comunales cuyo origen comunal se remonta a los siglos altomedievales, tras la desaparición del Estado imperial romano. La finalidad de este delito estatal de expropiación comunal nunca fue otro que la privatización de los comunales, junto a la recaudación de tributos que sirven al sostenimiento del aparato estatal.

Este delito no ha cesado, continúa activo en nuestros días y en la actualidad está a punto de perpretarse la aniquilación definitiva de los últimos bienes comunales que resisten en las montañas, mediante una masiva implantación de polígonos industriales de naturaleza nítidamente delictiva. Me refiero al Plan de Transición Energética, con el que se quiere llenar de aberrantes “molinos de viento” los altos de las montañas y los bordes de las altas parameras.

Sin olvidar la aberración ecológica, social, estética, económica y científica que suponen estos polígonos industriales - incluso considerados desde su propia y absurda lógica estatal-capitalista, vestida de “energética”, "progresista" y “ecológica”-, lo que me importa aquí y ahora es su naturaleza esencialmente delictiva. 

Los particulares que vendan o arrienden sus parcelas agrícolas para instalar polígonos solares están en su “derecho”, el que les permite la canalla ley del Mercado, que permite convertir la tierra en mercancía y, por tanto, en dinero, capital acumulable...capitalismo “normal” en un mundo donde predomina la ley de la selva; podemos pensar que se trata de un delito contra la ecología y la humanidad, pero por ahora no hay quien lo juzgue y castigue, menos aún quien lo revierta. No hemos llegado a calcular sus consecuencias a pesar de que ya las estamos pagando. Pronto serán bien obvias, cuando esté bien claro que las crisis ecológicas, climáticas y energéticas, son el despliegue de una única crisis de civilización, desencadenada por el aparato capital-estado que ha llegado a concentrar todo el poder económico y político.

¿Qué tiene de especial el caso de los polígonos de la industria eólica, que masivamente se quiere implantar sobre las montañas y las altas parameras?: la naturaleza “comunal” de estas tierras. Por eso que los ayuntamientos y juntas vecinales que lleguen a firmar contratos de arrendamiento o venta con las empresas energéticas promotoras de estas industrias han de saber que firmando cometen delito. Los bienes comunales son (y la propia Constitución del Estado Español no ha podido taparlo) "bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles, además de libres de todo tributo al Estado", según se concreta en el artículo 80 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Arrendar pastos o sacas de madera no es lo mismo que hacerlo para algo que será irreversible y que sentencia la pérdida del comunal para siempre. La madera se regenera, igual que la hierba que come el ganado, mientras que los molinos de más de cien metros de chatarra se comen el paisaje, contribuyen a su destrucción y no a su regeneración. El paisaje a nadie pertenece, es un comunal universal, no es propiedad de una Junta vecinal, de un Ayuntamiento o un Ministerio y, menos aún, de una empresa.

Lo pertinente y urgente ahora, frente a la amenaza de invasión por la industria eólica, es visibilizar y denunciar la naturaleza delictiva de los contratos que puedan firmar juntas vecinales y ayuntamientos, tomando decisiones irreversibles sobre bienes comunales que no son propiedad de quienes firmen en cada pueblo esos contratos, porque esos bienes no son suyos, que por ser comunales pertenecen también a sus descendientes, en cuyo nombre no pueden firmar, ni falsificar su firma, sin cometer delito. Habrá quien diga que los contratos son temporales y que la situación es reversible, porque los molinos, aunque tengan 200 metros, siempre se podrán desmontar, pero eso no se lo creen ni ellos. Se sabe que tal argumento no responde a la verdad y que no es comparable con arrendar el pasto o la extracción de madera; con estos polígonos industriales el paisaje quedará alterado para siempre, por una cantidad de años que siempre excederá a lo que figure en el contrato.

No todo vale a cambio de dinero. Además de un mal negocio, quienes firmen estos contratos estarán cometiendo un triple delito: contra la Constitución que tanto dicen respetar, contra la herencia de sabiduría legada por sus predecesores, padres y abuelos que supieron tratar y servirse de la naturaleza con inteligencia y respeto, y también cometerán delito contra sus propios descendientes, a los que les estarán robando los bienes que por ser comunales también les pertenecen. Lleno el paisaje de gigantescos molinos, sus casas y sus tierras no es que pierdan valor, es que ya no valdrán nada, porque nadie querrá vivir en esos pueblos. Habrán sido cómplices de la extinción definitiva de los bienes comunales, del vaciamiento y muerte definitiva del mundo rural y, más concretamente, serán responsables de la muerte de su propio pueblo. Y todo por un plato de lentejas. 

 

Nota: (1) Las primeras desamortizaciones se produjeron en 1836, durante la regencia de María Cristina, y fueron impulsadas por el ministro Mendizábal.