EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN: LA IMPOSIBLE NEUTRALIDAD

Publicado en la revista-web de la Fundación Entretantos, el 23-04-2014

“La naturaleza no es depositaria de la verdad, solo del lado salvaje. Y la civilización no es simplemente el lugar de la mentira, es el de la historia. Ambas se hallan sometidas al poder independiente de la economía, por lo que ya una forma parte de la otra. Desposeído, separado de sus obras, sumergido en la alienación, al hombre le es ajena la civilización tanto como la naturaleza, pero la primera es su campo de batalla. Haciendo suya ésta, hará suya la otra. Por consiguiente, no se trata de que el hombre escape de la civilización, sino de que la civilización no se le escape al hombre.” ( Primitivismo e historia, Miguel Amorós, marzo 2003)

Durante dos décadas he trabajado como agente de desarrollo rural y en ese tiempo hicimos muchos intentos de participación ciudadana, con un resultado que, en general, fue fallido. Con el paso del tiempo, he repasado muchas veces estas experiencias y siempre he encontrado una serie de factores que venían a confirmarme que aquellos intentos, tan bien intencionados por nuestra parte, estaban predeterminados a tener el  escaso resultado que tuvieron; vamos, que venían a ser una quimera, un imposible.

La población rural veía a los grupos de desarrollo rural, incluso a los que presumíamos de cierta independencia política, como apéndices de la administración, como el sitio al que uno va a solicitar una subvención. Todo planteamiento participativo era bien recibido en principio y a todas las convocatorias que hacíamos acudía mucha gente, mayoritariamente  con la expectativa de que su presencia allí influyera en la concesión de alguna subvención solicitada. Ese éxito de participación sólo sucedía cuando el motivo de la convocatoria tenía alguna relación con las líneas o proyectos subvencionables y cuando no era así, el interés participativo se reducía a su mínima expresión. La gente parecía tener muy claro cuál era nuestra función, pero, a tenor de los resultados, nosotros no podíamos decir lo mismo.

Promover la iniciativa ciudadana de abajo hacia arriba, desde la ciudadanía hacia la Administración y los poderes públicos, resultó en general un empeño fracasado porque no existía tal iniciativa ciudadana, tal capacidad de autonomía, ni personal ni colectiva; y nosotros no éramos capaces de provocarla, entre otras cosas porque la gente parecía “no dejarse” influir para ello, había como una barrera insalvable que, ahora, desde la reflexión distanciada, creo ver sustanciada en dos razones fundamentales:  primera, que ellos -la población local- y nosotros -los técnicos en desarrollo rural- no estábamos en el mismo plano horizontal, en la situación de igualdad en la que la participación democrática pudiera ser posible; y, segundo, que nosotros, como ellos, habíamos sido concienzudamente “educados” en la cultura de la dependencia y los subsidios. A partir de ahí, ahora parece comprensible que todo atisbo de iniciativa, de emprendimiento social o económico  fuera visto como necesitado de ser subvencionadio, con derecho a la ayuda de las instituciones, del poder. Y ahí residía el problema de fondo que nosotros no supimos comprender, lo que provocaba continuos desengaños y frustraciones a quienes ejercíamos aquel trabajo con ilusión y convencimiento.

Todo ésto viene a cuento de que veo un gran paralelismo entre las pretensiones participativas de la educación ambiental y el desarrollo rural.

A raíz de mi asistencia a uno de los primeros congresos nacionales de medio ambiente (CONAMA), pude tener cierto conocimiento de las políticas ambientales  como de la política educativa que las acompaña. Entonces, hace unos cuantos años, la necesidad de participación ciudadana no se presentaba con el carácter protagonistay prioritario que hoy recibe por parte del ministerio responsable del medio ambiente. Hoy leo cosas como éstas:

“La participación ciudadana ha sido a lo largo de las sucesivas ediciones del Congreso Nacional del Medio Ambiente un tema esencial, al considerarlo como uno de los factores clave del ansiado desarrollo sostenible, dado que la resolución de los problemas ambientales no puede llevarse a cabo exclusivamente desde la esfera administrativa, política o técnica…Un desarrollo de la participación ciudadana provoca que los planes y políticas emprendidas se sientan  como propios y, por tanto, que los ciudadanos hagan un buen uso de las infraestructuras, servicios, etc. como si fueran propios, así como alertar a tiempo de los posibles contratiempos o desperfectos”…y cosas como éstas, hablando de las ventajas de la participación social:

“El anuncio de la intención de implantar un completo sistema de participación social favorece enormemente la acogida inicial de este tipo de proyectos, que muchas veces son recogidos de forma escéptica, lo que repercute en un entorpecimiento del arranque de los diferentes procedimientos, que requieren de mucha energía, esfuerzo e ilusión inicial para poder desarrollarlos…Se crea un sentido de propiedad sobre el plan o programa que facilita la implementación…Con la participación se practica la transparencia en la gestión municipal y se mejora la imagen de la Administración hacia los ciudadanos”…(Eduardo Perero Van Hove. Green Cross España).

Como se ve, no se observa prevención alguna por ocultar el verdadero propósito de las políticas de educación ambiental y participación ciudadana: todo sea por el “desarrollo sostenible”  que todo lo justifica … porque, ¿quién estará en contra del paradigma del desarrollo sostenible?...¿quién va a oponerse a esta “verdad universal” y universalmente aceptada? …¿quizá cuatro gatos marginales y antisistema?

Esta es la clave del asunto de la participación referida al medio ambiente: que forma parte inseparable de un proyecto político consistente en integrar el ecologismo en la política neoliberal hegemónica en el mundo de hoy, un proyecto que, como evidencia la reciente historia de los movimientos sociales, está siendo culminado con éxito.

A quienes mantengan su convencimiento en estas políticas no tengo nada que decirles, excepto que la educación ambiental y la participación ciudadana no son cuestiones neutras cuando se plantean en tal contexto. Quien así lo vea, debe ser consecuente y asumir su rol de cómplice, convencido pero cómplice.

Ello no me impide reclamar un ejercicio de reflexión previa a los educadores ambientales que no están tan convencidos acerca de las presunción de bondad del  denominado desarrollo sostenible, ni sobre las reales intenciones de la participación ciudadana cuando provienen de las políticas llamadas “públicas”, es decir, de las esferas del poder, de sus programas y proyectos de “educación” ambiental.

Mi personal reflexión al respecto me guía a la conclusión de que el concepto de desarrollo sostenible no es sino una falacia, como hoy y ahora lo es cualquier pretensión de neutralidad en la educación ambiental y en la participación ciudadana que parta de los presupuestos ideológicos de tal concepto. Una falacia es un razonamiento incorrecto que aparenta ser correcto y que no lo es porque la conclusión sea falsa, sino porque el razonamiento es erróneo. Se apoya en las formas de la lógica y de la teoría de la argumentación, pero sólo para parecer válidas, sin aplicar de forma estricta los mecanismos lógicos. Y, además, pretende ser persuasiva, es decir, ha de parecer un argumento sensato para el receptor…

Un mínimo ejercicio de racionalidad y de honradez intelectual obligan a quien pretenda abordar con rigor esta cuestión a hacer la pregunta sustancial, la que se intenta soslayar tras la acostumbrada verborrea ecologista y ciudadanista: ¿quién contamina realmente y quién es responsable del agotamiento de los recursos naturales?... Esa es la pregunta sustancial y trascendente, la que nunca podrá hacerse quien se considere a sí mismo un “profesional” de la educación ambiental-asalariado por cuenta ajena, en este caso de las políticas de desarrollo sostenible.

De lo que tratan estas políticas es, precisamente, de trasladar esta responsabilidad a los ciudadanos, de reducir la educación ambiental a una enseñanza de buenos modales, de buen comportamiento en las cuestiones ambientales domésticas y cotidianas, desviando la atención de las causas reales e indisociables que están en la raíz de la degradación del medio,tanto natural como social, que no son otras que el propio sistema de producción y consumo estatal-capitalista, un sistema  que ha logrado su máxima implantación logrando el dominio global y conjunto sobre la naturaleza y la sociedad, disociadas y fragmentadas éstas, para simular una complejidad inasible, sólo comprensible por separado y por expertos, que sólo puede ser gestionada desde el poder.

Mi conclusión es que la educación ambiental es antiecologista si aliena de la dimensión política y social de la ecología, si oculta la principal responsabilidad de los estados y la economía de mercado. Y es antidemocrática si no es emancipadora, generadora de autonomía personal y comunitaria, si no afronta el conflicto entre gobernantes y gobernados, su racionalidad y necesidad.

Así, pues, favorecer la participación ciudadana no lava la cara de la realidad y es, por tanto, tan antidemocrático como la ideología política que la sustenta. Es lo que hay.