La plataforma creada en defensa de los concejos y las entidades locales menores, organiza una manifestación en León, el próximo 20 de octubre, en la que una vez más será escenificada una ceremonia de la confusión, ya clásica, en torno a los conceptos
de bien comunal y democracia.
Con tal convocatoria
y su correspondiente manifiesto, sólo puedo estar de acuerdo -y mínimamente- en la
defensa de los concejos, aunque sólo fuera porque son la huella histórica de
una forma genuina de democracia, la que tuvo su desarrollo en los siglos altomedievales, principalmente en los reinos de Castilla y León. Aquellos concejos
originales eran instituciones propias de las comunidades locales, no
constituidas por ningún poder externo a la voluntad colectiva de la propia
comunidad local. Ni el poder feudal ni el monárquico tenían la iniciativa
constituyente de los concejos, la tenía el propio pueblo, sin esperar a ninguna
legislación ajena, porque era su voluntad. Porque la vida en comunidad y el gobierno racional de lo
común así lo demandaban.
Los
fueros tenían otra naturaleza distinta, incluso contraria, militar y estatal; con la apariencia de un pacto, eran
impuestos por el poder feudal y monárquico para
limitar la autonomía política y la soberanía democrática de los concejos
locales. Nuestra actual institución municipal tiene la misma naturaleza no democrática
que la legislación foral y también el mismo origen militar y estatal. Siempre
conviene recordar el origen histórico del municipio, como institución creada por el poder estatal,
el del imperio romano en nuestro caso.
No es cierto que las
actuales Juntas Vecinales se vean amenazadas por su carácter democrático, ya
que tanto en su constitucionalidad como en su funcionamiento, son tan nulamente
democráticas como los municipios. El Estado se las quiere cargar ahora porque, aún considerándolas un apéndice administrativo sin relevancia política ni poblacional alguna, ahora estorban en el proceso de simplificación-reducción-concentración administrativa en la que está inmerso el Estado, por su insuficiencia presupuestaria, originada por la crisis económica y la monumental deuda pública de ella derivada.
La amenaza de la
privatización de los bienes comunales tampoco es una razón que se sostenga, ya
que la gestión y explotación de los escasos comunales que sobreviven viene
siendo privatizada sistemáticamente
desde el Estado, cada día, a través de las comunidades autónomas, de las
diputaciones provinciales y de los propios municipios, sin que las juntas
vecinales hayan supuesto ningún freno a esa permanente agresión histórica del
Estado a los bienes comunales y a la autonomía local. Al contrario, las Juntas
Vecinales, que siguen la misma lógica política de la falsa democracia partitocrática
del Estado, se han constituido en muchos casos en reductos folclóricos
del caciquismo rural, alimentado desde los partidos políticos y el resto de instituciones del
Estado. La despoblación rural ha contribuido a ello, facilitando -en una gran
mayoría de pueblos- la apropiación privada y de facto de estos bienes comunales, a
cargo de los últimos agricultores y ganaderos, los que -perdida su condición de clase autónoma, la de su antigua cultura campesina- han pasado a integrar la actual red
clientelar que el Estado mantiene en los menguados territorios rurales, para
asegurarse el control político de éstos; por supuesto, con la necesaria
complicidad sindical. Así son compensados estos últimos pequeños caciques, con
cargos sindicales y políticos, como alcaldes y concejales, con pequeños
privilegios fundados en la manga ancha y en la vista gorda, con las consentidas
sisas derivadas del ejercicio político en Juntas Vecinales y Ayuntamientos…y
con la PAC, la legislación europea cuya
naturaleza y efecto político es equiparable al de los fueros medievales;
incluso peor, porque los fueros al menos perseguían un objetivo repoblador y la PAC tenía y tiene el objetivo
contrario.
Sé cuál es el pensamiento dominante al respecto, el que comparten derecha e izquierda junto con sus respectivos extremos, el fascismo y el anarcocapitalismo. Lo sé y por eso no iré a León, aunque defienda la pervivencia de los concejos.
A mí me gusta más
la denominación de los municipios en Francia o Italia, donde son nombrados
como “comunas”(*). Me gusta más porque, al menos, ese nombre nos remite a la idea
originaria de la democracia local como institución propia de la “comunidad”. Si
bien, es verdad que el nombre no soluciona nada, que en Italia y en
Francia la comuna es una institución tan estatal y no democrática como el
municipio en España.
Pienso, como
todavía poca gente, que la democracia local es la única forma de democracia, que
no existe otra alternativa y que, además, es la forma política de la
revolución, la de la autonomía personal
y comunitaria, la del autogobierno y la soberanía democrática. El concejo, esa
institución que el Estado considera arcaica e insignificante, es la institución
propia de la revolución democrática necesaria. Aunque ello nos parezca
imposible cuando vemos al concejo metido en el mismo saco de la confusión, inducida desde el poder, como por
quienes convocan la manifestación el próximo 20 de octubre en la ciudad de
León.
Me dirijo a los convocados a esa manifestación: creo que fortalecemos al
Estado cuando le reclamamos lo que no le pertenece, la democracia; creo
que con ello nos debilitamos a nosotros mismos y contribuimos a impedirla. Creo
que si tanto defendemos los concejos, podíamos pensar en constituirlos en
nuestros pueblos y ciudades, allí donde no existen. Y el Estado que diga misa,
que la democracia no le incumbe, que es cosa nuestra, del pueblo.
(*) Unos cuantos países han
adoptado el nombre de comuna para la unidad administrativa a la que nosotros
llamamos municipio. Por ejemplo: Gemeinde (Alemania), Comuna (Argentina,
Colombia, Perú, Chile y Venezuela), Commune (Francia y Luxemburgo), Comune
(Italia), Gemeente (Países Bajos), Gmina (Polonia), Gemeinde, Commune y Comune
(Suiza), Kommune (Dinamarca), Comú (Andorra).
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