MUNICIPIO DE LA MONTAÑA PALENTINA Castilla y León |
La
ordenación del territorio que la Junta de Castilla y León tiene previsto
implantar a lo largo de la presente legislatura no significa ningún avance en
autonomía local ni, por tanto, en calidad democrática. Esta reordenación traerá
consigo una merma aún mayor de soberanía y democracia local. Su única aportación positiva
podría ser la simplificación burocrática que, con toda seguridad, el gobierno regional traducirá en recortes presupuestarios a aplicar en los servicios
públicos y en el empleo que generan los municipios. Más allá no alcanzan, no
pueden alcanzar desde sus presupuestos ideológicos, en las antípodas del
municipalismo y de la democracia. Lo van
a hacer porque lo pueden hacer, porque cuentan con el apoyo de una mayoría
social que ni quiere ni puede ser consciente de la operación, porque se encuentra totalmente ajena y
desmovilizada aunque, una vez más, vaya a ser directamente perjudicada.
Es
obvio que necesitamos una nueva ordenación del territorio en Castilla y León, por
supuesto que la actual organización municipal es inoperante, pero no porque sea
cara (los municipios españoles están entre los que menos perciben del
presupuesto estatal de toda Europa), sino porque es antidemocrática e
ineficiente, porque coloca a los municipios a la cola de las instituciones
públicas, carentes de presupuestos y competencias, totalmente anulada su capacidad de gestión por falta de autonomía
política, lo que les hace totalmente dependientes de las instituciones
“superiores”- las diputaciones, la propia Junta y el Estado- convirtiendo esta
dependencia en una enfermedad crónica de la democracia.
No
hay democracia sin soberanía y ésta no es posible sin autonomía. Para que la
comunidad que vive en un territorio recupere su soberanía tiene que ser lo más
autónoma posible, tanto en sus recursos económicos como en su capacidad de
decisión y gestión. En Castilla y León necesitamos municipios empoderados, más fuertes y
soberanos, más grandes, para disponer de recursos propios suficientes y de las
máximas competencias. En el horizonte de una sociedad plenamente democrática
hay que pensar en municipios totalmente soberanos y autónomos. Mientras
se produce el tránsito hacia esa sociedad mejor, deberíamos aspirar a unas condiciones
que se acerquen lo más posible a ese objetivo ideal.
El
municipio es la institución propia de cada comunidad local, en la que
se producen más del 90% de las relaciones sociales, culturales y económicas.
Las comunidades humanas habitan en territorios que son urbanos (ciudades) o
rurales (comarcas), según que su sistema poblacional sea concentrado o disperso; de ahí que deban
existir dos tipos de municipios, los urbanos y los rurales, de ciudades y de
comarcas. No es razonable que existan municipios de barrio, como tampoco lo es
que existan municipios de pueblos. El territorio delimita el ámbito de cada
comunidad, contiene los recursos naturales y humanos en los que debe basar su sistema productivo y su economía, que debería ser lo más autosuficiente posible para permitir una gestión
sustentable y responsable.
La
comarca es, pues, el territorio propio de los municipios rurales. ¿Quiere èsto
decir que hay que concentrar los pequeños municipios en uno grande?
Rotundamente no. No se trata de cargarse los municipios pequeños para integrarlos
en uno más grande, lo democrático es constituir un municipio comarcal nuevo y
que todos los ayuntamientos, los grandes y los pequeños, se integren
voluntariamente en el mismo, en absoluta igualdad de condiciones, con total
respeto a su autonomía.
Pongamos
por ejemplo mi comarca, la Montaña Palentina: aquí el nuevo municipio se denominaría “Municipio de la Montaña
Palentina”, con delegaciones municipales en todas las poblaciones, tanto si son
pedanías como ayuntamientos, ya que todos serían "el Ayuntamiento" comarcal; todo
el municipio podría estar organizado en tres distritos –Occidental, Central y
Oriental- respectivamente constituidos por los alfoces de Guardo, Cervera de
Pisuerga y Aguilar de Campoo. Sería un único municipio con una extensión superior a
los 1.700
kilómetros cuadrados y con cerca de treinta mil
habitantes, con capacidad para gestionar sobradamente unos recursos naturales y
culturales que constituyen un cuantioso y valioso patrimonio, un procomún que
permitiría desarrollar una economía más justa, eficiente y sostenible. Todas
las competencias y presupuestos que hoy absorben la diputación de Palencia
(cuya desaparición es cada vez más necesaria y urgente) y la Junta de Castilla
y León, podrían ser recuperados por el nuevo Ayuntamiento comarcal.
En
un ayuntamiento comarcal todos los pueblos del territorio, como todos sus
habitantes, tendrían una participación igualitaria en la constitución y
gobierno del nuevo ayuntamiento. Esto sería lo deseable en esta primera
instancia, sin olvidar que a largo plazo, para constituir una sociedad
verdaderamente democrática, todavía nos quedaría prescindir de la clase
política y del propio Estado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario