¿NECESITAMOS UNA NUEVA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN CASTILLA Y LEÓN?

El gobierno conservador de Castilla y León  quiere impulsar un nuevo modelo de ordenación territorial “más eficiente, más adecuado a las condiciones específicas de la región y con mayor potencial de futuro”. La eficiencia ligada a la escasez de recursos es un argumento un tanto ligero y frívolo en boca de este  gobierno; es reconocer que con la merma del presupuesto, se ven obligados a adelgazar la administración  para que ésta sea más eficiente; es el mismo argumento con el que los gobiernos neoliberales han contaminado a toda la sociedad, a través de su poderoso ejército mediático, todavía más ahora, en tiempos de crisis: “como no hay un duro, hay que recortar el estado de bienestar social por el bien de los ciudadanos, para poder crear empleo, para salvar al propio estado de bienestar”.

Luego, la primera prevención ante estas intenciones declaradas acerca de la nueva Ordenación del Territorio es considerar a ésta como lo que es: un estrechamiento del traje anterior para que se adapte al escuálido cuerpo económico y social de la región. Con un nuevo plan de OT quieren superar la excesiva fragmentación municipal, no por razones democráticas ni de eficiencia administrativa, sólo para que les salgan sus cuentas: con menos dinero a repartir, si reparten entre menos municipios, al menos parecerá que siguen repartiendo lo mismo.

Veo la ordenación del territorio desde una perspectiva democrática y global. Para empezar, no es el gobierno regional quien debiera tener la iniciativa de esta ley,  ni las competencias consiguientes, sino los propios municipios, cuya soberanía es secuestrada en ésta y en todas las leyes  con las que sistemáticamente es  ninguneada y arrinconada la institución municipal, por parte el Estado y de todas sus instituciones derivadas. En una sociedad democrática, la administración regional, como la estatal o europea,  tendría como competencias sólo aquellas que los municipios del territorio le hubieran delegado porque éstos hubieran acordado gestionarlas conjuntamente con otros municipios. Sabemos que éste principio democrático, la subsidiariedad, se sale de la lógica  verticalista y antidemocrática al uso, que los propios municipios están así mismo contaminados por dicha lógica, como también sabemos que el mal se extiende al cuerpo social, donde la mayoría de individuos viven  acostumbrados al “normal” sometimiento a las leyes impuestas por “ instituciones superiores”, a costa de su propia libertad, de su poder como ciudadano  y de la cesión de éste a favor de la estructura oligárquica que se apropia la función de gobernar. Y  conocemos, además, el modo por el que nos han hecho creer que somos nosotros, los ciudadanos, quienes decidimos  con nuestro voto en las urnas. Así pues, por principio, no estamos  interesados ni en la actual ni en la que viene, ni en ninguna otra ley de OT que se base sobre principios antidemocráticos.

Al contrario, estamos interesados en reconstruir la democracia local y, por tanto, la institución del municipio, a la que corresponde la consideración de instancia soberana y democrática por excelencia. Por eso, somos partidarios de que desde la ciudadanía tomemos conciencia de ello y nos organicemos en torno a un programa político para la recuperación radical de la soberanía ciudadana y municipal. El municipio es el territorio natural de la democracia, allí donde se produce la convivencia y la comunidad básica en torno a lo que compartimos y que nos permite subsistir y avanzar como individuos y como sociedad: los recursos materiales de la naturaleza, los recursos morales de nuestra cultura,  los recursos del conocimiento y de nuestra inteligencia colectiva. No caben instituciones democráticas en una relación jerárquica, no caben instituciones políticas por encima del municipio, ello sería una negación de la democracia; todas las instituciones de mayor ámbito que el municipal  tienen que ser sólo y necesariamente administrativas, construidas desde los municipios, en acuerdos de igualdad y solidaridad con otros municipios.

Ninguna institución puede crear un municipio, sólo sus ciudadanos, con su libre y soberana decisión; y, por tanto, de ninguna otra institución puede depender el municipio, a ninguna institución debe rendir cuentas, nunca a un gobierno regional, ni estatal, ni europeo, sólo a los ciudadanos que constituyen el municipio. La asamblea municipal de ciudadanos es, pues, el único gobierno democrático posible, libre e igualitario, el que expresa el poder político y genuino de la ciudadanía.

Hay, no obstante, un atisbo de sentido práctico en la ley de Ordenación del Territorio que va a perpetrar la Junta de Castilla y León, me refiero al tamaño territorial de los municipios actuales, aunque no por las motivaciones que arguyen. Nuestros actuales municipios tienen su origen histórico y tamaño territorial en sociedades agrarias de otro tiempo, en el contexto de economías de subsistencia; y es cierto que superados los niveles de subsistencia, un grado importante de autosuficiencia vuelve a ser un objetivo deseable, no sólo en términos productivos -para fortalecer las economías locales, en un proceso de relocalización de la economía que es imprescindible como autodefensa frente a la economía global  capitalista-, sino también, y sobre todo, por razones de autonomía y soberanía democrática. El tamaño territorial  correspondiente al mundo postindustrial que estamos iniciando es aquel que resulte funcional para ese grado de autosuficiencia, incluyendo los suficientes recursos que le permitan disponer de la máxima autonomía productiva. Tenemos que pensar, pues, en municipios con soberanía productiva y, por tanto, dotados con los suficientes recursos naturales y humanos, objetivos que  resultan inalcanzables con la actual estructura territorial de nuestros municipios, despoblados y fragmentados en minúsculos territorios, social y económicamente inviables.

Los municipios democráticos que construiremos en este nuevo mundo habrán de tener un  tamaño considerablemente mayor: comarcal en los territorios rurales y metropolitano en los territorios urbanos; y serán, al tiempo, tan rurales como urbanos, produciendo un reequilibrio demográfico entre las zonas rurales casi deshabitadas y  las ciudades  superpobladas.

Así pues, sí  que es necesaria una ordenación del territorio, pero de mucho más largo alcance de la que planea la Junta de Castilla y León. Haga el gobierno regional otra ley más de las suyas, sabemos que no servirá para favorecer a la ciudadanía, ni para profundizar en la democracia, sabemos que sólo tienen razones presupuestarias, contables, que sólo lo hacen para fortalecer el poder  territorial de la oligarquía  que nos gobierna.

Y mientras el capitalismo se derrumba, los ciudadanos conscientes  deberíamos estar a otra cosa: combatiendo el terrorismo cotidiano del poder y reconstruyendo extramuros la democracia local, desde Asambleas Municipales, constituyentes de los municipios democráticos  que habrán de gobernar el  mundo postcapitalista, del procomún universal, cuya emergencia percibimos  entre  las negras brumas de la Crisis.