El
Municipio de Bellprat tiene un censo de 74 habitantes y se encuentra en el
extremo Suroeste de la comarca de Anoia en la provincia de Barcelona. A
mediados de 2022 varios diarios catalanes recogían una noticia con
una misma fotografía donde aparecía la carretera comarcal de acceso a Bellprat en la
que los vecinos de este pueblo habían colocado una valla con un letrero:
Por ejemplo, el diario Ara decía:
"Los aldeanos de Bellprat pretenden denunciar, con esta acción reivindicativa, que les quieren "destruir el municipio en nombre de las energías renovables". El pequeño pueblo, con unas 50 casas a pesar de que durante el año solo viven unas 13 personas, tendrá que acoger –critican los vecinos– varios proyectos que pretenden fomentar las energías renovables, como un macroparque fotovoltaico de 65 hectáreas a 500 metros del pueblo, 10 aerogeneradores de 200 metros de altitud y –la gota que ha colmado el vaso– el proyecto de una línea de muy alta tensión (MAT) que está proyectada solo a 200 metros del casco urbano. "Si se hace todo esto, Bellprat desaparecerá. Nadie querrá vivir aquí", lamenta Pérez. "Hemos hecho alegaciones, pero es una lucha de David contra Goliat", añade.
Dicen que todo ello es un "expolio" al cual se han visto abocados y avisan a las administraciones que no están dispuestos "a soportar el agravio y la humillación" que implica ser testigo de la destrucción del municipio. El paisaje de Bellprat está catalogado como espacio de interés natural.
Ahora a la entrada de Bellprat han colocado unos letreros donde se declaran "soberanos" para decidir "cómo quieren hacer las cosas en su municipio", dice Pérez: "¿Qué podemos hacer? No nos hacen ni caso". Son precisamente la falta de recursos y la "indefensión absoluta" que dicen que sienten ante multinacionales y empresas lo que ha conducido a los habitantes de Bellprat a adoptar estas medidas, sobre todo "simbólicas", puesto que la vecina de Bellprat reconoce que "los vendrán a echar" y que la policía ya "ronda por allí". "Es desproporcionado, el pueblo no nos podemos defender", critica Pérez: "Y todo esto lo hacen en nombre de las renovables. Nos parece bien, pero esta no es la manera de hacer las cosas. Solo buscan el beneficio económico y el resto no les importa"(fuente: www.es.ara.cat del 17/06/2022).
Los 125.000 habitantes de la comarca de la Anoia están amenazados por 54 proyectos de construcción de nuevos parques eólicos y centrales fotovoltaicas, que se están tramitando actualmente, además de la implantación de una línea de muy alta tensión (MATE) de 125 kilómetros y 13 subestaciones eléctricas. Esta brutal y masiva concentración de instalaciones energéticas en este territorio provocará un grave destrozo en los bosques y los campos de cultivo, y ha propiciado el surgimiento de la coordinadora Preservem l’Anoia, que lucha contra este disparate medioambiental.
Encontré esta información sobre el pueblo de Bellprat en una publicación del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati (Gipuzkoa). Se trataba de un interesante artículo titulado "Derechos colectivos, derechos de la Naturaleza y defensa de lo común. Hoja de ruta para un futuro posible" cuyo autor es Marco Aparicio Wilhelmi, profesor agregado de la Universidad de Gerona.
Para quien quiera leerlo completo este es el enlace para descarga:
https://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/1761
Por su interés, traigo aquí un resumen:
"Se trata de un caso en el que, como en otras ocasiones, el interés general destilado por las instituciones de la democracia liberal representativa entra en colisión con las necesidades del “territorio” (o cuando menos de una parte importante, normalmente de quienes tienen menos voz). Aparece el choque entre la soberanía nacional encarnada por el Estado y las soberanías populares, las de las comunidades humanas concretas. Esta vez la contradicción no se encuentra en el objetivo declarado, la descarbonización de la producción energética, sino en el medio: la pugna se sitúa entre otorgar el protagonismo a los “de siempre”, a quienes precisamente han conducido la previa carbonización de un modelo insostenible, las grandes corporaciones energéticas y sus entramados financieros, o apostar por un sistema de producción y distribución democráticos, descentralizados, fuera de la lógica del máximo beneficio privado, con justicia o equilibrio territorial. Pasar de las ZdS (“zonas de sacrificio”), a las ZAD (zonas a defender), nombre adoptado por una serie de resistencias colectivas en Francia (zone à deféndre). (1)
Saltan a la vista las semejanzas del tipo de acción y del lenguaje empleado para la movilización de la pequeña localidad de Bellprat con el repertorio de la secular resistencia de los pueblos indígenas de América Latina contra el despliegue y la profundización del colonialismo extractivista (las ‘tomas de ruta’, la defensa del territorio como bandera).
Podríamos ver señales inequívocas de la rotura, que seguramente se hará cada vez más patente, del hilo legitimador que ha permitido, en nuestro contexto, mantener los procesos de desposesión y extractivos de los recursos naturales dentro de ciertos márgenes de aceptación, en tanto que inevitable precio a pagar en nombre del progreso y bienestar. De esta forma, en términos generales, la resistencia de las comunidades afectadas por las nuevas ampliaciones de la frontera extractiva ya no podría ser tachada de mero egoísmo contextual, ni su cohesión organizativa como señal de un identitarismo excluyente y reaccionario. Todo lo contrario, como estamos viendo en la proliferación de plataformas de pueblos, comunidades, vecinos y vecinas afectadas por los macroproyectos de producción energética verde, el rechazo se acompaña de propuestas concretas que son universalizables y viables porque, además de contar con las posibilidades tecnológicas y económicas, no rehúyen la necesidad de abordar un decidido decrecimiento del consumo energético.
Hay que subrayar otro aspecto. Como en cualquier proceso de respuesta frente a la existencia de una necesidad amenazada, nos encontramos ante la articulación colectiva, la subjetivización política de una comunidad agrupada en torno a una afectación. Así ha sido siempre y ésta es la base de los procesos que llevan al reconocimiento de los derechos. Ahora bien, a diferencia de la pauta general en el marco de las sociedades liberales, nos encontramos con procesos de movilización que no buscan el reconocimiento de derechos individuales que, una vez recogidos normativamente, nos otorgarán una posición subjetiva atomizada, separada del resto y, por tanto, desmovilizadora.
Emerge con claridad la conciencia de la existencia de bienes comunes que no deben poder ser mercantilizados, pues se trata de necesidades compartidas que no permiten su disección individualizadora, ni siquiera a través de los derechos que después el Estado deba proteger, promover y garantizar. Existe, por tanto, una grieta que apunta a la superación de la clásica partición entre Estado y Mercado como principales ámbitos para la satisfacción de nuestras necesidades. Frente a lo público y lo privado, emerge –combinando experiencias ya vividas y nuevas expresiones– lo común.
A pesar de la fuerza que tiene hablar de la existencia de bienes comunes, en realidad de lo que hablamos no es tanto objetos o recursos concretos, sino más bien de formas colectivas de identificar necesidades y mecanismos para hacerle frente. Así, también la movilización, pero, sobre todo, las propuestas basadas en la proliferación de comunidades energéticas como respuesta al oligopolio energético, implican la construcción de procesos de comunalización, la construcción del Común.
Efectivamente, más allá de los procesos de movilización en defensa de un territorio, aquellos que buscan detener, frenar o al menos remodelar los proyectos extractivos, aparecen también, a menudo protagonizados por los propios sujetos movilizados, proyectos y prácticas no sólo contenciosas sino también prefigurativas, para utilizar la terminología propia de las ciencias políticas. Estas últimas son prácticas que visualizan no lo que se rechaza sino lo que se pretende, el horizonte de lo posible. De este modo, y en el ámbito de la lucha por la justicia territorial en el despliegue de la transición energética, han emergido interesantes proyectos comunitarios de generación eléctrica, tanto por parte de cooperativas de autoproducción y consumo como por parte de iniciativas locales y comarcales. Existen también iniciativas mixtas, que adquieren una dimensión no público-privada sino público-comunitaria. Esta última expresión de colectivización de la energía renovable se enlaza con el potencial transformador de lo común en el momento en que impacta la institucionalidad pública para conseguir que oriente su intervención al conformar espacios de cogestión, de cogobierno, que refuerzan las comunidades y permiten una mayor profundización democrática de lo público.
Hay que tener presente que las propuestas y conceptos que hemos querido dibujar en este texto no funcionan como componentes de probeta en un laboratorio en el que de forma aislada se combinan nuevas fórmulas, nuevos modelos relacionales.
Necesariamente se insertan en realidades complejas, dinámicas, donde los ritmos y las diversas afectaciones de las subsiguientes y ya estructurales crisis es difícil de prever. De todas ellas, la crisis climática es seguramente la que más nos cuesta medir en su alcance, en la capacidad (o no) de las adaptaciones, en la intensidad de las desigualdades con las que nos impactará. Pero en cualquier caso necesitamos recuperar la capacidad de imaginar.
La apuesta por la desmercantilización y la desestatización no significa que el objetivo sea su desaparición, sino su transformación. Otro Estado y otro Mercado son posibles e imprescindibles. Hay que insistir: ya sea por viabilidad (posibilismo) o por convicción no parece practicable un horizonte de completa comunalización. Hablamos pues de un proceso de interferencia, de contaminación donde los procesos de comunalización van ganando terreno –terreno en disputa, terreno que pierde el Mercado y pierde el Estado.(2)
Ahora bien, esta pérdida de terreno es también una ganancia de otras formas de entender lo público –con más controles sociales, con más formas de codecisión o cogobierno, con más participación y fiscalización social, popular; así como otras formas en las que el Mercado permite satisfacer necesidades, bajo más controles públicos, más condicionantes que deben asegurar su verdadera función social.
Como hipótesis, como futuro posible, hay que saber imaginar un intenso espacio de interrelación entre lo público/lo privado/lo común. Y a medida que este espacio gane sinergias, irán cambiando sus componentes, su peso, la forma e implicaciones de la interrelación. Será a partir de subjetividades colectivas articuladas en torno a necesidades compartidas que se podrá recuperar el sentido de lo público construyendo un interés general entendido como fruto de procesos de diálogo y negociación entre iguales desde donde, además, será posible delimitar y dar nuevos sentidos en el papel del mercado.
Son procesos de múltiples escalas y dimensiones. Si nos fijamos sólo en la escala más cercana, el ámbito vecinal, el barrio, el pueblo, la ciudad, nos faltará capacidad transformadora; si miramos sólo a la escala global (estatal o incluso internacional), perderemos de vista el paso concreto.
Que tales procesos no decaigan, sino que se intensifiquen y se repliquen, depende de la capacidad que tengamos de combinar un amplio repertorio de propuestas y de prácticas, con distintos ritmos y alcances. Seguiremos empleando estrategias defensivas, que implican el uso de lo ya dado, de lo constituido, a través del uso alternativo de las instituciones y del Derecho (incluido el “positivismo de combate”), pero necesitaremos aumentar la apuesta por prácticas instituyentes (que en su interacción devienen constituyentes), que el presente escrito ha querido cifrar en tres realidades que, en su interacción, creemos que pueden provocar mayor capacidad de movilización y de transformación".
EPÍLOGO-MANIFIESTO PERSONAL: POR UNA NUEVA CULTURA DEL TERRITORIO, EN DEFENSA INTEGRAL DE LA MONTAÑA PALENTINA
En los últimos tiempos asistimos en nuestra comarca, como en la mayoría de territorios rurales de Europa y del mundo, a una multiplicación de amenazas al presente y futuro de los territorios convivenciales que son las comarcas y regiones en las que realmente convivimos, donde cotidianamente se producen la inmensa mayoría de nuestras vitales relaciones, que son presenciales y no virtuales, en un medio ecosocial que es integral, natural y cultural al mismo tiempo, inseparablemente. Me refiero a la agresiva implantación de macroproyectos industriales de manifiesta intención especulativa, como son las grandes plantas de producción de energías denominadas “alternativas”, de origen eólico y fotovoltaico, como también me refiero a la implantación de macrogranjas para la producción industrial de carne y al avance imparable de la agricultura industrial que envenena los campos y destruye el tejido social y productivo de carácter local-familiar.
Y todo ésto sucede en medio de un desolador panorama social y político, caracterizado por una sociedad local desinformada y desarticulada que, al menos en apariencia, parece desinteresada por su patrimonio natural y cultural, como también sucede en tantos otros aspectos de la vida social, en los que podemos apreciar una clara desconexión entre la base social y la clase política dirigente, una desconexión que es fomentada por facciones políticas y administraciones públicas que más parecen servir a intereses privados, exclusivamente económicos, y que en general muestran un total desinterés por la participación democrática de la población local en los asuntos que a todas y todos nos son comunes, por ser públicos en modo comunitario-comarcal, y porque comprometen la viabilidad del conjunto comarcal, por afectar integramente al inseparable patrimonio natural/cultural/histórico que ha llegado hasta nosotros y que las generaciones del presente tenemos la obligación de preservar, mejorar y transmitir a las futuras generaciones.
En la actualidad, la defensa del territorio ante estas amenazas se organiza en torno a iniciativas minoritarias y aisladas, entre las que sobresale la asociación denominada “Mesa Eólica de la Montaña Palentina” de la que formo parte, en la que reconozco el esfuerzo y valía de un reducido grupo de personas comprometidas en la defensa del interés público y comunitario, en medio de unas agónicas condiciones de lucha desigual contra el inmenso poder corporativo, político/financiero, que está detrás de los agresivos macroproyectos dispuestos a invadir y colonizar los territorios rurales que, como la Montaña Palentina, están más deshabitados y despolitizados, los que son menos dinámicos y que por eso resultan “más baratos” de comprar en esta fase de agresiva colonización industrial de los territorios rurales, pasando de una incipiente fase de industria turística con escaso rendimiento inmobiliario, a otra forma de industria energética masiva, mucho más rentable para el negocio de las grandes corporaciones industriales y financieras, a las que nada importa nuestra comarca ni nuestro futuro.
Pienso que ha llegado el momento de dar un paso mucho más decidido, para integrar y comprometer en la defensa del territorio a sectores mucho más amplios de la población de nuestra comarca, con una finalidad más general e inclusiva, que incorpore una visión integral del territorio y del patrimonio comarcal, una plataforma social volcada en la reapropiación comunitaria de los bienes comunales históricos y en la creación de nuevos comunales que nos sirvan para afrontar los retos del siglo XXI (como pudiera ser una comunidad energética comarcal, por ejemplo).
Me refiero a una defensa del territorio comarcal que no se limite a aspectos parciales, solo ecológicos o solo económicos, sino enfocada en un radical compromiso de participación democrática de la población comarcal en la defensa de las condiciones materiales e inmateriales que nos son tan vitales como comunes. Solo así, comunitariamente, podremos reunir la fuerza suficiente para frenar esta brutal oleada de agresiones al territorio y a las generaciones presentes y futuras. Por todo ello, me permito apuntar la conveniencia de abordar cuanto antes un debate estratégico que nos permita ampliar el campo de actuación de la actual plataforma (Mesa Eólica) para darle un nuevo impulso más inclusivo e integral de cara a superar los aún peores tiempos que se avecinan.
Notas:
(1). El término ZAD (zonas a defender) nace de la lucha contra la construcción de un gran aeropuerto en las afueras de la ciudad de Nantes. El proyecto nace en los años 70 y, pese a distintos intentos, a consecuencia de la amplia oposición generada, no ha conseguido ser llevado a cabo. La zona donde debía realizarse recibe la categoría urbanística de ZAD (Zone d’Aménagement Differé) de donde deriva Zone à Défendre, como juego de palabras que ha conseguido extenderse a otros casos de resistencia organizada frente a macroproyectos.
(2) Aquí difiero radicalmente con lo que se dice al respecto del Estado y el Mercado: "otro Estado y otro Mercado son posibles e imprescindibles"..."ya sea por viabilidad (posibilismo) o por convicción no parece practicable un horizonte de completa comunalización". Cada vez somos más quienes pensamos que la desaparición del Mercado y del Estado es, precisamente, la condición necesaria para superar el colapso social y ecológico que causa su existencia.
