El
gobierno conservador de Castilla y León
quiere impulsar un nuevo modelo de ordenación territorial “más
eficiente, más adecuado a las condiciones específicas de la región y con mayor
potencial de futuro”. La eficiencia ligada a la escasez de recursos es un
argumento un tanto ligero y frívolo en boca de este gobierno; es reconocer que con la merma del presupuesto,
se ven obligados a adelgazar la administración para que ésta sea más eficiente; es el mismo
argumento con el que los gobiernos neoliberales han contaminado a toda la
sociedad, a través de su poderoso ejército mediático, todavía más ahora, en
tiempos de crisis: “como no hay un duro, hay que recortar el estado de bienestar
social por el bien de los ciudadanos, para poder crear empleo, para salvar al propio
estado de bienestar”.
Luego,
la primera prevención ante estas intenciones declaradas acerca de la nueva
Ordenación del Territorio es considerar a ésta como lo que es: un
estrechamiento del traje anterior para que se adapte al escuálido cuerpo económico
y social de la región. Con un nuevo plan de OT quieren superar la excesiva
fragmentación municipal, no por razones democráticas ni de eficiencia
administrativa, sólo para que les salgan sus cuentas: con menos dinero a
repartir, si reparten entre menos municipios, al menos parecerá que siguen
repartiendo lo mismo.